La magistrada Marjorie Calderón Guerrero, integrante de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó que el Alto Juzgado de la República, "en estricto apego a los postulados constitucionales, al clamor popular y a los lineamientos contenidos en las políticas públicas creadas por el Estado venezolano", ha jugado un papel importante en la observancia y cumplimiento de los derechos humanos de forma transversal en beneficio del pueblo venezolano, lo que ha hecho a través de diferentes decisiones.

Durante su discurso como oradora de orden, designada por la Sala Plena, del Acto de Apertura de Actividades Judiciales correspondiente al año 2022, la Magistrada en su discurso de orden en lo que denominó "la garantía de los Derechos Humanos en el Estado Social de Derecho y de Justicia", en el que – entre otros aspectos – repasó la evolución del concepto de la protección de las personas, en especial de aquellos más vulnerables, en la vida republicana nacional.

Destacó como una de esas decisiones en beneficio del pueblo la sentencia Nº. 85 del 24 de enero de 2002 dictada por la Sala Constitucional del TSJ, que hizo lo que consideró una "interpretación magnífica" del Estado Social de Derecho y de Justicia y desarrolló para el entendimiento de todos este nuevo concepto del Estado, al enfatizar que éste surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental.   

Expresó además que a través de sus dictámenes, el TSJ ha sido parte de los esfuerzos del Estado venezolano por perfeccionar las políticas públicas orientadas a la protección social, con lo que ha cumplido con las exigencias requeridas de brindar protección al pueblo.

"Las revoluciones y reformas sociales tienen una dinámica perenne, pues se deben a las exigencias del pueblo según el momento histórico que lo reclame, de ahí que los esfuerzos se traduzcan en una constante labor de diagnóstico, de escucha activa, para profundizar el Estado Social, como única garantía para la protección integral de los Derechos Humanos y así lograr la mayor suma de felicidad posible" destacó la Magistrada.

Relató que no ha sido fácil el transitar para el logro de los objetivos de construir una nación libre y soberana, ya que desde el principio el Libertador Simón Bolívar sufrió bajas y situaciones complejas, y que en los últimos años, primero bajo la conducción del presidente Hugo Chávez, y luego con el presidente Nicolás Maduro, "este Estado Social, de Derecho y de Justicia que nace con la Constitución de 1999, también ha tenido sus detractores y sus enemigos", con hechos como el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el sabotaje petrolero, y más recientemente el bloqueo, las sanciones económicas, nuevos intentos de golpes de Estado, sabotaje al sistema eléctrico, hasta el desconocimiento de las instituciones constitucionales tales como el desacato de la Asamblea Nacional del 2015 y la usurpación del poder hecha por algunos personajes.          

Precisó como punto de partida, en 1816, la revolución social que en ese entonces adoptó el Libertador Simón Bolívar como sistema de lucha tras haberse perdido la segunda República, lo cual lejos de detenerlo avivó en éste su ideario de lucha independentista, incluyendo su cruzada antiesclavista y el cese de la guerra a muerte para reformar el Estado venezolano. Recordó que poco después, en 1819, el Padre de la Patria formuló ante el Congreso de Angostura sus ideas en cuanto a la constitución del Poder Moral, con lo que demostró "su convicción democrática, su arraigo a la voluntad del soberano y el respeto a la dignidad de los seres humanos en estricto apego de sus derechos fundamentales".  

Refirió que el carácter humanista de El Libertador se hizo patente en las primeras constituciones que tuvo la República, en especial la aprobada por el Congreso de Angostura el 15 de agosto de 1819, pero que tras la muerte del Padre de la Patria "la voluntad política se fue alejando de la protección y garantía de los Derechos Humanos". Advirtió que posteriormente "muchos gobiernos establecieron restricciones a la voz, a la disidencia; y otros arremetieron contra la integridad personal, asesinando o desapareciendo a quienes se atrevieran a levantar su voz en defensa de la lucha social".

La magistrada Calderón Guerrero enfatizó que estas luchas sociales del pueblo venezolano lograron que el Estado venezolano revisara su papel ante la sociedad y procurara mejorar la vida de los hombres y mujeres, evolución que "nos ha llevado a una nueva concepción de Estado y que es conocida en el mundo contemporáneo como el Estado Social de Derecho y de Justicia". Dijo que este paradigma constitucional reformuló los modelos de organización democrática existentes hasta el año 1999, tanto en lo político, económico, cultural, social e internacional, fundamentado en valores como la justicia, la igualdad, la solidaridad y la preeminencia de los derechos humanos.

Finalmente, la Magistrada hizo alusión a los actuales tiempos de pandemia que vive el país y manifestó que, en atención  a la exigencia del Ejecutivo Nacional a través de los decretos de emergencia dictados de mantener la funcionalidad del Estado en los procesos que puedan vulnerar los derechos de la población,  el Tribunal Supremo de Justicia igualmente ha garantizado con su trabajo el derecho humano de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

La Sesión Solemne de Apertura de Actividades Judiciales del año 2022 y presentación del Informe de Gestión correspondiente al 2021, contó con la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros; el presidente del Alto Tribunal, magistrado Maikel Moreno; las máximas autoridades del Poder Público Nacional, la Junta Directiva y demás Magistrados y Magistradas del TSJ; el director ejecutivo de la Magistratura, Dr. Jesse Arias; entre otros invitados.