Como parte de las políticas implementadas por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, para promover la colaboración interinstitucional con otros poderes del Estado venezolano, en el alto juzgado se instaló una mesa de trabajo con representantes del Ministerio del Poder Popular del Comercio Nacional, y dos de sus entes adscritos: el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), a fin de intercambiar criterios jurídicos y opiniones que permitan el desarrollo y puesta en práctica de un plan de agilización de procedimientos en dichos entes.

La actividad fue instalada por el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ, quien manifestó, en nombre de la Presidenta del máximo tribunal, la permanente disposición del Poder Judicial de articular esfuerzos con las instituciones de la Administración Pública nacional en pro de garantizar la seguridad jurídica de la ciudadanía y poner a su servicio los conocimientos y experiencias necesarios para lograr dicho objetivo. Estuvo acompañado en el encuentro de la magistrada Bárbara Gabriela César Siero, vicepresidenta de la Sala, y el magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares, integrante de la misma. También, participaron los miembros de la Sala Especial Primera de la Sala Político Administrativa, magistrados accidentales Eulalia Guerrero Rivero y Emilio Ramos González.

Entre otros aspectos, los representantes de Mincomercio, el SAPI y la Sundde plantearon sus inquietudes referentes a acometer en sus respectivas instituciones un plan que dé celeridad a los procedimientos, pues son entes que generan actos administrativos que tienen consecuencias legales, siempre teniendo presentes ámbitos como la propiedad intelectual, el derecho de autor, los derechos socioeconómicos, la simplificación de trámites administrativos y la garantías constitucionales.

En el encuentro, desarrollado en la sala de audiencias telemáticas del TSJ, se planteó también la necesidad de afianzar los enlaces para facilitar al Poder Judicial venezolano el acceso a los planes de formación que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para jueces, juezas y otros operadores de justicia.