En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se realizó el II Encuentro Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Contencioso Tributaria con el objetivo de informar sobre los avances en torno al control y la tutela jurisdiccional sobre la actividad administrativa en función de la realidad venezolana. En representación de la presidenta del máximo juzgado del país, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, ofreció las palabras de apertura del evento el magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Social, quien destacó la calidad de las y los expositores.

El discurso de instalación estuvo a cargo del magistrado Malaquías Gil Rodríguez, presidente de la Sala Político Administrativa, quien luego de agradecer el apoyo recibido de la Presidenta del TSJ hizo especial mención a los adelantos en materia de descongestionamiento de causas que se han logrado hasta la fecha. En este sentido, además de destacar el trabajo de las y los integrantes de la Sala Político Administrativa, reconoció la labor de la Sala Especial Primera de esta instancia del TSJ, por lo que anunció que solicitará a la Sala Plena del alto juzgado la prórroga de sus funciones para el año 2024.

Sobre las acciones que se emprenderán para continuar el avance en esta área jurisdiccional, dijo que se ordenará la aplicación del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de que los juzgados superiores estadales cumplan con la diligencia de sustanciación necesaria para agilizar los procesos ante la Sala Político Administrativa y los juzgados nacionales de esta jurisdicción. Asimismo, informó que para mediados de 2024 se espera la puesta en funcionamiento del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo de la región oriental, y de los juzgados superiores contencioso administrativos de las circunscripciones de los estados Miranda, Yaracuy y Cojedes, todos aprobados por la Sala Plena del TSJ, así como la designación de jueces y juezas itinerantes para la resolución de la causa de extinción de la acción por pérdida del interés procesal y el reacondicionamiento de la sede de Caracas de los juzgados del área, donde operan 27 tribunales.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Vielma Mora, participó con una Clase Magistral sobre la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios, en la que expresó que entre las finalidades de esta ley está el promover el desarrollo armónico de la economía nacional, favorecer la optimización y eficiencia de los procesos tributarios, procurar la justa distribución de las cargas y generar certeza y seguridad jurídica sobre los procedimientos tributarios. Asimismo, consideró que un juez o jueza de la jurisdicción tributaria debe estar en conocimiento permanente del tema financiero, económico, productivo e industrial, para ofrecer certeza y seguridad jurídica sobre los procedimientos tributarios, y así "servir con la responsabilidad de los principios constitucionales como lo son la legalidad y equidad".

La magistrada Bárbara Gabriela César Siero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa, en su ponencia compartió 16 criterios jurisprudenciales, establecidos desde el año 2022 a lo que va del presente año, relacionados a los hidrocarburos, concesión de telecomunicaciones, impuestos municipales, comercios, perspectiva de género, hábitat y vivienda y Ministerio Público. Además, hizo un llamado a la reflexión en cuanto a la necesidad de avanzar con la aplicación de las tecnologías – como es el caso de las firmas electrónicas – para hacer más expeditos los procesos.

El magistrado Juan Carlos Hidalgo Pandares, integrante de la Sala Político Administrativa, expuso en el evento la ponencia: "La Seguridad Jurídica de la Nación y la Participación Ciudadana", en la que afirmó que los artículos 322 y 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son de suma importancia en estos tiempos, porque enfatizan que la seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, y en este sentido los jueces y juezas de Venezuela han sido investidos por la autoridad para desempeñar las funciones jurisdiccionales y están obligados a cumplir con los deberes garantes de la constitucionalidad y de la soberanía, cumpliendo un rol fundamental en la seguridad de la nación.

La actividad contó además con la participación como ponentes de la Dra. Desiré Hernández, jueza superior estadal contencioso administrativo del estado Apure; el Dr. José Navas, juez superior contencioso tributario de la Región Guayana; y la Dra. Silvia Moreno, jueza superiora estadal contencioso administrativo del estado Mérida, quienes abordaron aspectos relacionados con la actualidad contencioso administrativa y tributaria, los desafíos que enfrentan estas jurisdicciones y las oportunidades que deben tomarse haciendo uso de las herramientas tecnológicas, la necesidad de incrementar la formación universitaria en el área, así como identificar y atacar los factores que generan demoras en los procesos.

El evento cerró con la entrega de diversos reconocimientos a los magistrados que integran la Sala Político Administrativa y la Sala Especial Primera de la Sala Político Administrativa, así como a jueces y juezas de las jurisdicciones contencioso administrativa y contencioso tributaria, y se anunció la próxima entrega del Botón de Honor "Mérito al Trabajo" para todos los trabajadores de la Sala, así como de los juzgados.    

Estuvieron presentes magistrados/as, magistrados/as eméritos, la Inspectora General de Tribunales, el Contralor General de la República, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, jueces y juezas de la jurisdicción contencioso administrativa y contencioso tributaria, junto a servidores y servidoras judiciales. Además, se presentó la Orquesta Sinfónica, Juvenil e Infantil de Venezuela, Núcleo TSJ y participantes del festival La Voz del alto juzgado. Del mismo modo, en la Plaza Central del máximo tribunal se exhibió un stand donde se ofrecieron variados textos que forman parte de la Colección Jurídica editada por la institución, a través de la Fundación Gaceta Judicial, como la Doctrina de la Sala Plena 2000-junio 2021.